Información Disruptiva
John Ratcliffe se reunió por 2 horas con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, para hablar de seguridad y cooperación económica tras la captura de Nicolás Maduro.
Lo que hace el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en shock a la derecha mexicana tras descabezar al gobierno de Venezuela y llevarse a su presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, a tierras estadounidenses acusados de narcoterrorismo y tráfico de armas, pero no darle el poder a alguien de la oposición.
Maduro refuerza su defensa en EE. UU.
Contrata a Barry J. Pollack, el abogado que defendió a Julian Assange.
En política internacional, los hechos importan tanto como la manera en que se narran. Por eso, más allá de las versiones oficiales y de la guerra informativa que rodea a Venezuela, el mensaje que Washington quiere instalar es inequívoco: Estados Unidos se asume con la capacidad, y el derecho, de intervenir militarmente y capturar a un jefe de Estado al que considera una amenaza criminal. Esa narrativa, por sí sola, ya cambió las reglas del juego.
Zohran Mamdani criticó el operativo de EE. UU. en Venezuela y dijo que su gobierno seguirá monitoreando impactos en Nueva York.
Donald Trump asegura que no necesita autorización del Congreso para atacar cárteles en Venezuela.
Venezuela dice NO: califica de “amenaza colonialista” la intención de Trump de cerrar su espacio aéreo.
Altos funcionarios del Gobierno venezolano, encabezados por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, habrían impulsado durante 2025 dos propuestas de transición política…
“Maduro ha ofrecido todo para no pelear con EE.UU.” dice Trump. Mientras esto sucede, EE.UU. lanza ataques letales contra supuestas narcolanchas en el Caribe.
En un movimiento sin precedentes, una treintena de expresidentes iberoamericanos ha solicitado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) la «captura y detención inmediata» del presidente venezolano Nicolás Maduro, su mano derecha Diosdado Cabello, y toda la cadena de mando del país sudamericano. Esta petición marca un hito en la presión internacional contra el régimen de Maduro, evidenciando una creciente preocupación por las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
