Para cobrar su pensión, los exempleados del SME deben retirar demandas contra CFE e Indep, desactivando una costosa bomba jurídica.
En la política y en el derecho, no hay almuerzos gratis. La compensación otorgada a los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) vino acompañada de una letra chiquita que seguramente le dolió a más de un despacho de abogados privados: la obligación absoluta de desistirse de cualquier pleito en los tribunales.
Lejos de las interpretaciones que sugieren una entrega de recursos sin condiciones, el andamiaje legal diseñado para este pago resulta ser una barrera de defensa patrimonial para el Estado mexicano. Se trata de un candado institucional que cierra la llave a litigios interminables y costosos.
El acuerdo publicado es claridoso. Para que uno de los beneficiarios pueda ver depositado su dinero, el primer paso irrenunciable es presentarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para retirar, de forma oficial y definitiva, cualquier querella contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Indep o la propia LyFC.
Pero el asunto legal no para en esa ventanilla. El mecanismo exige también la firma de un manifiesto por escrito donde el ex electricista ratifica que no se reserva ninguna acción legal futura en materia laboral, civil o administrativa. Es, en términos llanos, un borrón y cuenta nueva.
Durante más de una década, los juicios derivados del decreto de extinción se convirtieron en una auténtica mina de oro para diversos bufetes. Mantener la flama de la esperanza encendida en las salas de audiencias era un negocio redondo que a menudo se alimentaba de las cuotas de los propios desempleados.
Al exigir el desistimiento total como moneda de cambio, el gobierno logró desactivar una bomba de tiempo legal que amenazaba las arcas de las instituciones. Si esos miles de juicios hubieran llegado a término con laudos condenatorios, el boquete financiero nacional habría sido de proporciones épicas.
Optar por la terminación condicionada del litigio, en lugar de patear el bote a la siguiente administración, demuestra una intención técnica de sanear expedientes burocráticos. La resolución de conflictos colectivos requiere de salidas jurídicas viables, más allá de los discursos de pasillo.
Para el habitante de a pie que cumple con sus impuestos, esto significa que las contribuciones federales dejarán de irse al fondo perdido de defensas legales eternas o al pago de salarios caídos estratosféricos ordenados por tribunales.
Hoy en día, el proceso de pacificación jurídica rinde frutos palpables. El decreto cumplió un doble propósito tangible: darle certeza a la clase trabajadora de antaño y amarrarle las manos a quienes lucraron sistemáticamente con el conflicto laboral más enredado de este siglo en el centro del país.
